GRUPOS ARMADOS EN VENEZUELA SE TOMAN VIVIENDAS EN LA FRONTERA
Javier Tarazona, director general de FundaRedes, ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, con incidencia hacia la Defensoría Nacional y al Ministerio Público, consignó la denuncia formal de estas actuaciones de los grupos armados irregulares, entre ellos las FARC y el ELN en Táchira, Amazonas, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro, y en estados de los llanos centrales.
Con respecto a la ocupación de San José de Bolívar, Javier Tarazona detalló que los habitantes de esta localidad de montaña, señalaron que, pasadas las 10 de la noche del 28 de agosto de 2020, unos 15 hombres fuertemente armados, llegaron en un vehículo rústico, amenazaron y desalojaron a las personas de la plaza Bolívar de esta localidad, especialmente a jóvenes, y los obligaron a retirarse hacia sus viviendas.
En ese sentido, el vocero expresó: “hoy venimos a exigirle a la Defensoría del Pueblo que active mecanismos inmediatos de protección sobre la actuación de grupos armados irregulares en territorio venezolano. Estamos denunciando la ocupación de fincas en el municipio Capacho Viejo, Capacho Nuevo y en Lobatera, donde alias Selva comandante del frente Gustavo Villamizar del ELN, desplazado desde Bucaramanga hasta Venezuela, hace tomas desmedidas de estos espacios y somete a la población”.
También señaló que el ELN se encuentra en la localidad de Socopó, y conformaron el frente Ticoporo del ELN, en la reserva forestal venezolana del estado Barinas.
Recordó que desde FundaRedes han denunciado la actuación de estas organizaciones terroristas en Venezuela desde hace muchos años, y el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, tienen información que ha entregado esta organización no gubernamental, que recoge el desplazamiento de las FARC, el ELN y la presencia en territorio venezolano.
Reciben amenazas a la integridad de activistas por los derechos humanos
Javier Tarazona, director general de FundaRedes igualmente dió a conocer que en los últimos días, activistas por los derechos humanos y miembros de esta organización, han recibido amenazas a su integridad física, razón por la cual se presentó ante la Defensoría del Pueblo en Táchira, dirigida por la doctora Celeste Buitrago, las evidencias de esta situación, que también será elevada a la Fiscalía.
Tarazona responsabilizó al estado venezolano de cualquier situación que atente contra los integrantes de FundaRedes u otros activistas de derechos humanos, y recordó que existe una medida cautelar de protección otorgada por el Sistema Interamericano de derechos humanos en favor de estas personas, la cual debe ser cumplida en Venezuela.
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